“Mi esposo lo mataron de 18 balazos y luego le pasaron la llanta del carro por su cabeza, yo sufrí dos violaciones, pero no solamente a mí me sucedieron esas cosas, sino a otras mujeres. Lo que pasa es que como indígenas maya no valemos nada y no nos podíamos ni quejar”, relató una víctima.

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La indígena Juana García De Paz, supuesta víctima de las masacres y torturas a pueblos indígenas mayas de Guatemala entre los años 1981 y 1986, habla durante una audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Foto: EFE.

 

San José, 28 abr (EFE).- Indígenas mayas de Guatemala pidieron hoy durante una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) justicia por las masacres y torturas recibidas entre 1981 y 1986, en el marco del conflicto armado interno.

La indígena y presunta víctima, Juana García De Paz, narró a los jueces que su esposo e hijos murieron a manos del Ejército y que militares la violaron en dos ocasiones.

“Mi esposo lo mataron de 18 balazos y luego le pasaron la llanta del carro por su cabeza, yo sufrí dos violaciones, pero no solamente a mí me sucedieron esas cosas, sino a otras mujeres. Lo que pasa es que como indígenas maya no valemos nada y no nos podíamos ni quejar”, relató García entre lágrimas.

La guatemalteca indicó que durante todos estos años los agresores no han pagado por los delitos cometidos y pidió justicia por la pérdida de su hogar y de su familia.

“Lo que pido hoy es justicia para los pueblos indígenas, porque hemos tenido que soportar todo esto 30 años”, afirmó García De Paz.

El caso se relaciona con una serie de masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y violaciones en contra de miembros de la aldea Chichupac y comunidades vecinas, en el marco del conflicto armado interno que vivió la nación.

La demanda interpuesta ante la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica que son 32 personas torturadas y masacradas el 8 de enero de 1982, y otras 39 torturadas y ejecutadas extrajudicialmente en diversos operativos militares en Chichupac y comunidades vecinas del municipio de Rabinal entre 1981 y 1986.

Además, ocho personas fueron desaparecidas y habrían sido vistas por última vez bajo la custodia de agentes estatales y hasta la fecha no se conoce su paradero.

Según la Comisión, todas estas personas tenían la cualidad de ser civiles y se encontraban en estado de indefensión al momento de su detención, tortura y ejecución.

El indígena y supuesta víctima, Napoleón García De Paz, contó que su pueblo tiene “mucho que reclamar” ya que la violencia vivida durante esos años los dejó sin familia, sin tierras y con enfermedades.

“Me golpearon tanto que me tuve que ir gateando hacia mi casa, orinaba sangre y me dolía todo el cuerpo. Soy de esos pocos que sobrevivió. Ellos (el Estado) lo que quieren es terminar con la raza maya, porque dicen que nosotros los indios no valemos nada, ni sabemos hablar castellano”, expresó García, a quien le asesinaron a sus hermanos.

La representante de las víctimas, María Dolores Itzep, afirmó en los alegatos finales que el Estado guatemalteco no ha investigado, enjuiciado, ni encarcelado a los responsables.

Itzep dijo que se han realizado exhumaciones pero las autoridades no indagaron las causas de muerte, indicios de tortura o verdadera identificación de las víctimas.

La representación de las víctimas solicitó a la Corte que valore que los hechos “constituyeron parte del genocidio contra el pueblo indígena maya en Guatemala”.

El presidente de la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y representante del Estado de Guatemala, Víctor Hugo Godoy, explicó a Efe que el Estado ya ha reconocido los hechos.

“El Estado ha hecho un reconocimiento de los hechos en el año 2011, pero eso también implica que hay que hacer las acciones para que aquellos sean sancionados y en eso hemos fallado”, comentó Godoy.

En las conclusiones finales, Godoy afirmó que el Estado impulsará las gestiones necesarias para que se realicen las investigaciones de forma seria y efectiva sobre los hechos en el presente caso.

“Queremos llegar a un acuerdo amistoso que permita tomar en cuenta el tema de la justicia. El Estado está en disposición de impulsar las investigaciones, crear medidas para honrar la memoria de las víctimas, así como dar tratamiento médico y psicológico”, aseveró Godoy.

Tras la audiencia de hoy las partes involucradas tendrán un mes para presentar sus alegatos finales por escrito ante la CorteIDH y luego los jueces dictarán un fallo, para lo cual no tienen un plazo establecido.

La CorteIDH forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los Estados.

 

 

Fuente: Noticia cortesia de Sin Embargo http://www.sinembargo.mx/28-04-2016/1654482

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